Get Adobe Flash player
Sabado, 25 de Octubre de 2014
Inicio de Sesión / Registrarse
Spanish Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese

Búsqueda

Búsqueda guiada

Haga clic en algún término para iniciar la búsqueda

Categorías

Nacionalización de las minas de 1952, una visión obrera - Germán Araúz

Édgar Ramírez Santiesteban ha nacido minero y como tal ha llegado a estratos dirigenciales. La Nacionalización de las Minas fue parte de su vida familiar, aprendizaje que ha fortalecido con una afición natural por la lectura. Estos conocimientos los ha consolidado por su natural vocación por el archivismo, lo que le llevó a impulsar la organización del archivo de la Compañía Aramayo en Tupiza y el Archivo de la Corporación Minera de Bolivia. En las siguientes líneas, Ramírez repasa su memoria en torno al desarrollo del rubro minero desde abril de 1952:

En el informe de la Nacionalización de las Minas —un documento en cuatro tomos que desgraciadamente se ha perdido— se menciona un memorando elaborado por el doctor Wálter Guevara Arze en torno a una serie de reuniones de carácter confidencial entre el embajador de Estados Unidos Edward J. Sparks y el gobierno del MNR, que en ese momento todavía estaba con los aires de la insurrección popular (estoy hablando de junio o julio de 1952).

En ellas participan Carlos Morales Guillén, representante del Presidente de la República en la Nacionalización de las Minas; Manuel Barrau, presidente de la Comisión de la Nacionalización de las Minas; Wálter Guevara Arze, canciller de la República; Jorge Zarco Kramer, miembro de la Comisión de Nacionalización de las Minas, y un señor de apellido Bigeman, experto en comercialización de mineral.

Las reuniones duraron varios días hasta que el 25 de septiembre Walter Guevara le hace una nota a Carlos Morales Guillén, en la que le dice: “Incluyo un proyecto de memorando en el que he tratado de resumir tanto la conversación y los acuerdos a los que llegamos el pasado martes, en cuanto a la discusión que sostuvimos con el embajador Sparks en la tarde del mismo día. Como quiera que este informe está dirigido al Presidente de la República, ruego a usted hacer las observaciones, añadiduras, las correcciones pertinentes”.

En el memorando se habla de los problemas de comercialización de minerales, del stock pile, y de la nacionalización de las minas, también se menciona la presencia de don Hernán Siles Zuazo. Sobre este tema dice en el punto dos: “El embajador Sparks, actuando en conformidad con los documentos, preguntó si la decisión de nacionalizar las minas es irrevocable y, en caso afirmativo, cuál sería la manera de nacionalizarlas. En presencia del señor Vicepresidente, que llegó en ese momento, respondí que la decisión de nacionalizarlas era irrevocable y que, en cuanto a su forma, ello dependía tanto del informe de la Comisión que estaría terminado el próximo 7 de octubre como del estudio que el Gobierno tendrá que hacer de ese informe”.

Entonces, el embajador Sparks sugirió llevar a término la nacionalización de las minas en las mismas condiciones obtenidas en el contrato de la fundición de estaño, comprando el 51% por ciento de las acciones de las empresas, y que los directores sean nombrados por el Gobierno. Por lo tanto, “la nacionalización estaría realizada sacando una disposición legal que permita que los directorios que funcionaban en Londres, París y Ginebra lo hagan dentro del territorio nacional”.

La respuesta de Guevara es que el tema sería resuelto por un informe de la Comisión de Nacionalización de Minas, pero le dice: “Personalmente yo estoy de acuerdo con la forma que usted sugiere, pero ¿quién se hace cargo de la situación política?”.
¿Cuál era esa situación política? Eran los milicianos armados que pedían la nacionalización de las minas. Entonces, acá no era una decisión del MNR, era una imposición de esa situación política a la que se refiere Guevara.

OBJETIVOS DIFERENTES
Ese es el primer hito en el que me apoyo para sostener que la voluntad de nacionalizar las minas no era una decisión meditada, ni parte del programa de Gobierno del MNR. Más bien era algo sujeto a las presiones de la situación política. La Nacionalización de las Minas estaba en disputa antes de realizarla. En realidad, esta conquista no está en el programa del MNR. Ellos hablaban de incrementar las obligaciones impositivas al Estado; un aumento general de sueldos y salarios y nada más. La Nacionalización surge del proceso insurreccional que se desata en el país.

El segundo hito documentado se refiere a la gran concentración de trabajadores del 31 de octubre en los campos de María Barzola. Allí está Víctor Paz, quien manifiesta en su discurso: “La Nacionalización de las Minas de Patiño, Hochschild y Aramayo no significa que el Gobierno de la Revolución Nacional sea enemigo de la iniciativa privada, todo lo contrario. Porque queremos abrir nuevas perspectivas a la iniciativa privada es que hemos nacionalizado las tres grandes minas”. Acá conlleva una filosofía: ellos nacionalizan las minas para incentivar la iniciativa privada. Es decir, salta a la vista aquello que siempre se dijo que era el anhelo del MNR: crear una nueva burguesía nacional con la nacionalización de las minas.
Juan Lechín Oquendo, líder de los trabajadores mineros, manifiesta: “El pensamiento de la COB en cuanto a la Nacionalización de las Minas es claro y terminante: reversión de las minas a sus legítimos propietarios y, por consiguiente, nacionalización sin indemnización”. Lechín dice que en lugar de pensar en una indemnización “exijamos pues el pago de lo que nos adeudan. Ningún país negará el derecho de Bolivia a exigir el cumplimiento de la ley, por tanto, el decreto es apenas el modo legal de la recuperación de las minas sin pago alguno”.

Pero, ¿qué quiere hacer Lechín con los recursos provenientes de la Nacionalización de las Minas?: hay que desarrollar el país, dice. Se debe diversificar la economía, el agro, la industria, y las condiciones de los trabajadores deben mejorar. Exige no más explotación y agrega: “La plusvalía resultante del trabajo no pagado a los obreros debe dejar de beneficiar a unos pocos, sino desaparece por estar presente el Estado como empresario; toda la fuerza del trabajo de los obreros de las minas y sus excedentes servirá para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y para elevar el nivel cultural del país. Nunca en la historia de los pueblos civilizados se ha dado esta forma de producción. Seremos nosotros quienes produciremos una especie de revolución económica”.
Lechín habla de una medida popular antiimperialista que evite que los beneficios vayan a parar en manos de una clase social que Paz Estenssoro quiere crear: una burguesía nacional. El 31 de octubre de 1952 ya hay discrepancias en torno a los objetivos que busca la nacionalización.

El tercer hito se ubica algunos años después. Ñuflo Chávez Ortiz, en agosto de 1956, había sido elegido Vicepresidente de la República, el 20 de junio de 1957 renuncia a su cargo a través de una carta en la que dice: “Igualmente se está preparando un nuevo código de minas a espaldas del Presidente de la República, quien ha encomendado esta tarea al prestigioso jurisconsulto Sologuren, las misiones americanas elaboran su propio código a humor y sabor de los capitales financieros de Wall Street”.
Entonces, en torno a la Nacionalización de las Minas hay una disputa permanente. Unos quieren consolidar un proceso popular antiimperialista y hasta anticapitalista, mientras que la otra posición pretende generar condiciones para que surja una burguesía nacional que acapare toda la producción.

LA NATURALEZA DE COMIBOL

Por esa razón, no me extraña que el primer plan de rehabilitación de la Comibol, que se conoció en diciembre de 1956 y comenzó a elaborarse en 1954, además de hablar de problemas técnicos, proponga soluciones jurídicas y políticas. Plantea la necesidad de elaborar un código minero de inversiones parecido al del Perú, en el que las defensas jurídicas del Estado desaparezcan, “porque eso es una garantía para la inversión extranjera”. Propone el despido de 15.000 trabajadores de los 33.000 que había. Sugiere que todos esos desempleados sean enviados al oriente boliviano, “para que las indemnizaciones que les pague Comibol se inviertan en esa región”, sugerencia que se cumple.

En el Plan Decenal elaborado por Wálter Guevara, esta propuesta se incluye como una política económica oficial. Además sugiere que Comibol continúe pagando un precio mayor al que se ha fijado oficialmente para los carburantes y lubricantes que esta institución utilice. En el archivo de la empresa se consignan varias reuniones realizadas en 1953, donde el Directorio se opone a seguir pagando precios que casi llegan al doble de lo establecido. En el Plan Decenal se instruye que esa diferencia debe ir a pagar los costos de vertebración caminera Cochabamba-Santa Cruz y de allí a Montero y Warnes.

¿Por qué se beneficia a esta zona y no se piensa en una carretera al Mutún, donde la Comibol tenía intereses? Se prefiere los caminos donde se asientan los intereses de los grupos oligárquicos ligados a la actividad agroindustrial. De hecho, el Gobierno estaba incentivando el desarrollo de estas clases sociales con los excedentes provenientes de la minería. Entonces, la Nacionalización estaba sujeta a una política minero-metalúrgica ajena al interés nacional.

Por eso, no me extraña que la Ley de la Nacionalización de las Minas, que organiza todo un complejo minero-metalúrgico, desde los aspectos geológicos hasta la importación de equipos y maquinaria, pasando por la comercialización y la fundición, se vaya cercenando. Porque la creación de empresas estatales como Geobol, la Empresa Nacional de Fundiciones, el Instituto Minero Metalúrgico, etc., no será para desconcentrar la actividad minera, sino para liquidar la Nacionalización de las Minas. ¿Por qué? Pues, porque se trata de una conquista que Comibol se ocupa de explorar, y beneficiar los minerales, de comercializar y de importar maquinaria y herramientas, y materiales para Comibol y el resto de la minería nacional.

En los años sesenta crean Geobol, separando la actividad geológica de la empresa, pero en su directorio participan la minería mediana y chica; vale decir, participa la empresa privada, aunque sus recursos provienen de Comibol, de YPFB, del Banco Minero y del Tesoro General de la República. Los recursos para explorar yacimientos mineros provienen del Estado y el manejo administrativo ya tiene ingerencia privada. Y los resultados serán para que esta entidad las venda al mejor postor, la minería mediana.

En cuanto a las fundiciones, organizadas con dinero de Comibol, del Estado, de YPFB, del Banco Minero, al concretar su construcción, se las separa. Se establece que la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) debe firmar contratos de operación tanto con Comibol como con la minería mediana. Por una tonelada de mineral que trabaje para la minería mediana pagará $us 596.50. Por el mismo rubro la Comibol pagará $us 805. El costo de fundición es de $us 700. ¿Quién subvenciona las operaciones de la minería mediana? Los excedentes que provienen de la minería nacionalizada, están yendo al sector privado.

LA MINERÍA MEDIANA
La Minería Mediana ya era un poder económico en los años cincuenta.

El 60% de la producción de antimonio, el 45% de la del wolfram, están en la minería mediana, y en este rubro hay empresas transnacionales como la Internacional Mining. Patiño, Hochschid y Aramayo, los tres juntos, ocupan el segundo lugar en la producción mundial del estaño. Mario Mercado Vaca Guzmán, sólo con Emusa, ocupa el primer lugar en producción de antimonio en el mundo. Ésa es la fuerza de la Minería Mediana, aún en momentos de la Nacionalización de las Minas producían el 60% de antimonio. Entonces, esta nacionalización es una nacionalización incompleta porque no afecta a los demás productores.

La Minería Mediana, tendrá una actividad muy próxima a todo el proceso minero-metalúrgico, pues desde la década de los cincuenta sus líderes participan como directores del Banco Minero, de Comibol, de la Comisión de Inversiones, de la redacción del Código de Minería, etc. Vamos a ver a prominentes figuras como Quiroga Matos, Luis Alberto Echazú (que nada tiene que ver con el ex ministro de Minas), Antonio Sánchez de Lozada como gerente de Comibol, firmando el alquiler de la mina Porco con su hermano Gonzalo, quien firmó como el inquilino por 700 dólares al año.

La Minería Mediana participa como un grupo de poder muy influyente, en primer lugar, a través del manejo directo de las políticas minero-metalúrgicas estatales, porque ellos van a participar en todo; en segundo lugar, como grupo de presión. Recordemos que son ellos quienes producen la caída de Juan José Torres. Esa connotación tiene la Nacionalización de las Minas y los grupos de poder que quedan moribundos, pero se recuperan y vuelven de manera cruel.
En realidad, la Minería Mediana es ajena a la Nacionalización de las Minas. De repente ellos aspiraban a que la medida tenga el carácter que deseaban darle Paz, Siles y Guevara, pero no la nacionalización que se concreta el 31 de octubre de 1952, y tratan de revertir esa medida de manera inmediata. Lo que lograrían después.

En los años 70, las empresas medianas son 34, ya en la mitad de la década del 2000 se reducen a tres grupos.
Es decir, se concentra de tal manera que esas empresas no sólo son más grandes, también se concentran en menos manos, al extremo de que algunos de ellos —para evadir la Ley— van a inscribirse en la Asociación de Mineros Medianos con diferentes nombres. Por ejemplo, sólo Gonzalo Sánchez de Lozada inscribe la Compañía Minera del Sur, la Compañía Minera Caballo Blanco, la Concepción y la Puquionor; o van a ser la International Mining donde están los Iturralde o los Vea Murguía, aunque ellos se inscribirán también con el nombre de Avicaya y con el nombre de La Chojlla, entonces ellos mismos se van mimetizando.

LA FUERZA DE LOS MEDIANOS

El poder de las empresas medianas es bastante grande, al extremo que muchos de sus representantes van a dejar sus funciones para entrar en la actividad estatal. Uno de los Sánchez de Lozada ha de ser Contralor de la República, el otro Presidente. Carlos Iturralde canciller, Mario Mercado alcalde y jefe del Fondo Social de Emergencia. Alberto Alandia era gerente administrativo financiero de Emusa cuando es nombrado Presidente de Comibol. Todos ellos entran a la actividad estatal y no lo hacen para cooperar con el Estado. Lo hacen para imponer una política económica que los favorezca; sólo de esa manera ellos han logrado imponer leyes y políticas minero-metalúrgicas y económicas ajenas al interés nacional.

En el Código de Minería anterior al de 1977, la libre exportación de estaño está tipificada como un delito de tráfico ilegal de minerales, sólo podía ser exportado por ENAF y el Banco Minero. De acuerdo con el Código actual y al Decreto Supremo 21060, la comercialización es libre. Lo que era un delito se ha convertido en actividad lícita y el que quiera impedir esta comercialización se convierte en un delincuente.

Los intentos de elaborar un Código de Minería como el que tenemos actualmente provienen ya de los años 50. La consultora Ford, Bacon & Davis es la que aconseja elaborar un Código de esas características, lo que entonces no se aprueba, insisten el año 67, incorporan algunas cosas y lo concretan el año 1977.

Cuando Hernán Siles Zuazo retorna al Gobierno con la UDP, aprueba un decreto que autoriza a la empresa minera mediana la exportación libre del 40% de su producción y la libre utilización de aquellas divisas. Pablo Ramos, en su libro El neoliberalismo en acción, sostiene que el neoliberalismo ya comenzó en ese Gobierno.

LA DESNACIONALIZACIÓN

En los años 60 la mina Matilde, rica en zinc, se entrega a la Philips Brothers. También se entrega las colas y desmontes a la International Mining and Procesing y MPC; la mina Bolívar, una de las más ricas de Oruro, también es cedida. El gobierno de Torres en 1970 decide recuperar la minería y todas estas empresas vuelven al Estado.

En opinión mía, desde 1952, todos los gobiernos, a excepción de Juan José Torres, han sido ejecutores de políticas minero-metalúrgicas ajenas al interés del país.

La política minero-metalúrgica de Sánchez de Lozada ha impuesto abusos que no se permiten ni en los países más liberales del planeta.

El Código Minero plantea muchas posibilidades para explotar la minería sin necesidad de declaratorias de necesidad pública y han afectado mucho, e incluso creado conflictos con las comunidades campesinas.

* Periodista y escritor