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Alerta Laboral N.49: Contratos petroleros: Los costos recuperables devuelven todo a las petroleras- Abril de 2007

Este boletín de la Alerta Laboral está dedicado al análisis de los contratos que consolidan la estadía de las petroleras por 30 años, retrocediendo y minimizando muchos de los efectos del Decreto Supremo 28701. La tendencia es que YPFB pierda ingresos, con lo que se aleja la posibilidad de industrializar los hidrocarburos en el país.

Presentación

Uno de los resultados de la escabrosa negociación de la Ley de Hidrocarburos 3058 fue la imposición —por presión de los municipios, prefecturas y universidades— de una fórmula de distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que limita drásticamente la participación del Gobierno nacional en la recepción de los ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos. De esta manera, se refuerza la capacidad financiera de los niveles descentralizados del Poder Ejecutivo, poniendo en tela de juicio la posibilidad de aplicación de políticas económicas homogéneas en todo el país.

Esta situación no sería tan dramática si se tratara de un contexto político diferente al que hoy tenemos , caracterizado por la presencia activa de oligarquías locales que pretenden impedir cualquier afectación a las condiciones ventajosas que les otorgaron los regímenes neoliberales a lo largo de dos décadas. Con el incremento inusitado de los ingresos fiscales para los gobiernos sub-nacionales, las posibilidades de que dichas oligarquías consoliden su hegemonía regional han crecido. Peor aún, frente a la demostrada incapacidad del Gobierno del Movimiento Al Socialismo para llevar a cabo cambios radicales en la política económica neoliberal, las acciones que los prefectos y alcaldes ligados a los intereses empresariales puedan financiar con estos nuevos recursos, incrementan su poder político.

Como corresponde a su ideología reformista, el MAS apoyó el referéndum sobre el gas realizado por el gobierno de Mesa, el mismo que sirvió para delinear una nueva ley que ratifica el carácter privado del negocio petrolero y relega la participación estatal a un segundo plano, al reponer una empresa pública prácticamente sin recursos. En consecuencia, la llamada “nacionalización” ratifica esa orientación e incorpora tímidamente la necesidad de mejorar la capacidad de la empresa estatal, YPFB, para que participe en la cadena productiva; empero, como no tiene la intención de imponer el monopolio estatal, deja intacta la institucionalidad que favorece una política fiscal orientada al gasto corriente y no a la inversión. Así, la distribución de la renta petrolera puede derivar fácilmente, en un incremento del gasto corriente de los gobiernos departamentales y locales que no contribuya a la anhelada industrialización de la economía nacional y, ni siquiera, a la mejora de las actividades y del empleo productivos. Más bien, puede concluir fortaleciendo la lucha por la hegemonía de los grupos políticos opuestos a la presencia estatal en la economía y alineados con los intereses de los monopolios extranjeros.

En este sentido, las acciones destinadas a revelar la magnitud y el uso de estos recursos por parte de las prefecturas y los municipios cobran relevancia, pues permiten que los sectores sociales que han luchado por recuperar la propiedad de los hidrocarburos y la renta nacional, impulsen nuevamente la perspectiva de una nacionalización que cumpla con las demandas sociales y contribuya al desarrollo económico del conjunto del país. 

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