Plataformaenergetica.org (La Paz, 28/07/10).- El Presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Sergio Alandia, informó ayer que la empresa india Jindal Steel Bolivia (JSB) adeuda nueve millones de dólares al Estado boliviano por los derechos de explotación de hierro en el Mutún, monto que debía desembolsar anualmente en cuotas de un millón de dólares.

"Cuando se firmó el contrato nos debían diez millones por derechos de explotación, han firmado ese contrato, le deben al Estado. Se hizo un convenio, esos diez millones se pagan un millón cada año, el primer año pagaron el millón, por lo tanto nos deben nueve millones de dólares", dijo el funcionario a la agencia gubernamental de noticias ABI.

Alandia explicó que, según el contrato, ese monto estaba destinado para pagar todos los gastos que implican el seguimiento y control de sus actividades.

El primer pago se realizó sin inconvenientes, pero el pasado 30 de diciembre, Jindal se negó a pagar la segunda cuota, precisó.

"No han cumplido los términos del contrato, pero son temas un poco más complejos, esta es una deuda por contrato y mientras no la paguen se mantiene, si se mantiene mucho tiempo hay también sanciones contractuales. Estamos sin garantía de ningún tipo con Jindal. Estamos viviendo de lo poquito que nos queda del primer millón", explicó, según el reporte de ABI.

El presidente de la ESM informó que se reunió en los pasados días con los ejecutivos de Jindal para continuar con la resolución de las controversias contractuales, donde constató que aún no existen condiciones para decidir sobre el futuro del contrato.

Dijo que en el plazo de 15 días se dará respuesta a un extenso documento presentado por Jindal, como alegato al cobro de las boletas de garantía por 18 millones de dólares, que fueron ejecutadas por el incumplimiento de inversiones.

Aseguró que el Gobierno y la ESM consideran que el tema de las boletas de garantía es un tema cerrado, pero de todos modos se escucharán los alegatos.

"El espíritu es hallar alguna solución y por eso los escucharemos, pero la solución debe estar dada dentro de las leyes bolivianas y dentro del respeto al país y conservando la dignidad de las empresas, las autoridades y el país", argumentó.

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