Editorial de LOS TIEMPOS, Cochabamba*

Plataformaenergetica.org (19/05/10).- La decisión de la empresa francesa GDF-Suez de abrir un proceso de arbitraje contra el Estado boliviano por la “nacionalización” de sus acciones en la generadora de electricidad Corani, lo que se suma a similares pasos dados en días pasados por la británica Rurelec PLC, accionista mayoritaria de Guaracachi, ha vuelto a dar actualidad a un tema que se cierne como una temible amenaza sobre el futuro económico de nuestro país. Nos referimos al costo que tarde o temprano habrá que pagar por la “nacionalización” de las más importantes empresas de éste y otros sectores, así como por el incumplimiento por parte del Estado de contratos suscritos con empresas del exterior.

No es pequeño el problema, pues son varios cientos de millones de dólares los que están en juego y la lista de demandas que el Estado boliviano tendrá que afrontar en diversos estrados, que ya es muy extensa, no hace más que crecer. Por lo que se sabe, de las 13 empresas que hasta ahora fueron “nacionalizadas” 10 han presentado ya sus demandas y hay por lo menos otros dos pleitos pendientes por incumplimiento de contratos.

El holding italiano Euro Telecom International (ETI), la anglo-argentina Pan American Energy, el grupo BP y el consorcio petrolero Graña-Montero compuesto por capitales alemanes y peruanos son las empresas que con más anticipación iniciaron los procesos y a ellas se suman la suiza Glencore, y las hidroeléctricas que los plantearon recientemente.

A esos casos, todos relacionados con la “nacionalización” debe sumarse el de la empresa Quiborax que exige del Estado un pago de $us 66 millones por la reversión de sus concesiones para la explotación de ulexita en el salar de Uyuni y muy probablemente la india Jindal que ya anunció su intención de seguir por ese camino.

Según los cálculos expuestos por el Vicepresidente del Estado, serán “solamente” unos mil millones de dólares los que harán falta para indemnizar a las empresas afectadas. Según otros cálculos, al parecer más realistas, el monto puede llegar a ser sustancialmente mayor si se considera que sólo una de las empresas, la italiana ETI, exige ese monto por las acciones que tenía en Entel.

De cualquier modo, sea cual fuere la cifra final, lo cierto es que el Estado boliviano tendrá que destinar durante los próximos tiempos muchos cientos de millones de dólares para adquirir –ya que no expropiar-- un patrimonio ya existente. Ninguno de esos dólares servirá para ampliar la capacidad productiva de nuestro país, crear más fuentes de trabajo ni mejorar los servicios de educación o salud. Será un dinero que tendrá que salir del erario nacional para dirigirse a las cuentas de empresas de Norteamérica, Europa, Asia e incluso de países vecinos.

Así, el gobierno actual está logrando que el dinero fluya en un sentido diametralmente opuesto al que buscan todos los demás países del mundo, con contadas excepciones como Cuba, Venezuela, Zimbabwe o Corea del Norte. Es decir, sacará dinero del bolsillo de todos los bolivianos para transferirlo a los de grandes capitalistas. Y mientras ello ocurre, quienes gobiernan afirman que el Estado boliviano necesita y espera inversiones privadas y extranjeras.

*El título original del Editorial es “Nacionalización” y empobrecimiento

** Este es un servicio de la Plataforma de Política Energética, un espacio permanente, plural y abierto a todos, para compartir información, generar conocimiento y promover el debate público sobre los temas fundamentales del sector energético (www.plataformaenergetica.org)